LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA CONSECUENCIA DE SU INACTIVIDAD: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Es conocido por todos que el servicio público persigue de manera general el bien común, por ello se constituye en un valor social por excelencia que fundamentalmente debe estar al servicio de la ciudadanía. Concluyéndose que el interés general debe primar por sobre el interés particular haciendo real el efectivo goce de los derechos. El texto constitucional ecuatoriano, expresamente, en su artículo 227, establece, que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

En ese sentido, hemos de recalcar que la función primordial de la Administración Pública, en el ejercicio de la función administrativa, es que su actuar debe estar sometido a los principios enunciados, de manera transversal, a fin de que su accionar sea oportuno y sujeto sin excepciones al Principio de Legalidad previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República, mediante el cual todas sus actuaciones administrativas deben estar sujetas a lo previsto en la Constitución y la Ley, como garantía del respeto al Derecho a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos.

En ese contexto, el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas” por parte de los órganos o entidades administrativas en el ejercicio de la función administrativa.

Vale recordar, que entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, en cuya disposición final, se ordenó una vacatio legis, en el sentido de que esta norma orgánica, entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, es decir, su vigencia operó recientemente a partir del 08 de julio de 2018.

El cuerpo legal invocado tácitamente derogó el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y expresamente la Ley de Modernización del Estado, normas con las cuales se venían, sustanciando los procedimientos administrativos en la Administración Pública de manera general. Ahora bien, el Código Orgánico Administrativo, expresamente en su artículo 32, al tratar el Derecho de Petición, antes señalado, lo contempla como el derecho de las personas a formular, peticiones y recibir respuestas motivadas de forma oportuna. En tal virtud, la consecuencia de una inoportuna atención de las peticiones de los ciudadanos deviene en consecuencias jurídicas que pasaremos a esbozar.

Conforme el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo, los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a la Administración Pública deben ser resueltos en el término de treinta días, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva al administrado, se entenderá que es positiva, situación que doctrinariamente es conocida como Silencio Administrativo Positivo.

Al respecto, el Tratadista Eduardo García de Enterría, en su obra Curso de Derecho Administrativo I, (Pág. 591), expresamente, señala lo siguiente: “El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido”. De ahí que recalquemos que en la actividad de la función administrativa, prime por sobre todo el principio de eficiencia de sus actuaciones.

Ahora bien, verificada esta inactividad de la Administración por su falta de resolución, genera la producción de un Acto Administrativo Presunto positivo que implícitamente acepta la petición del administrado o interesado. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 207 ibídem, para qué este acto presunto se produzca no debería encuadrarse en ninguna de las causales de nulidad de los actos administrativos (Art. 105 COA), entre otras, la causal de que este sea contrario a la Constitución y la Ley.

A manera de ejemplo, considérese lo siguiente: La petición que solicite, sin más, que al peticionario se le otorgue, por el mero hecho de su solicitud, un puesto en una entidad pública, ante una evidente falta de pronunciamiento expreso por parte de la Administración, automáticamente devendría en la producción del Acto Administrativo Presunto positivo, de aceptación de su petición, es decir la Administración estaría en la obligación de conceder el cargo solicitado por el peticionario, ante la ausencia de respuesta de la administración. No obstante, debe considerarse que este Acto Administrativo Presunto que se produce, es a todas luces nulo de pleno derecho, al ser contrario a la Constitución y la Ley, pues conforme a las disposiciones pertinentes, el ingreso al servicio público para ocupar un cargo, debe ejecutárselo por medio de concurso de méritos y oposición en el que se declarare ganador del mismo al participante y por ende no corresponde otorgárselo por el silencio de la administración respecto de la petición indebida del interesado, en consecuencia se configura, en el presente ejemplo, la inejecutabilidad de Acto Administrativo Presunto positivo por incurrir en la referida causal de nulidad del Acto Administrativo al ser contrario al ordenamiento jurídico.

A contrario sentido, esquemáticamente, para la ejecución del Acto Administrativo Presunto positivo, -válido- el interesado o peticionario, debe recurrir a la vía judicial para su reconocimiento, es decir, deberá demandar por la vía contencioso administrativa en procedimiento sumario conforme a lo previsto en los artículos 327 del Código Orgánico General de Procesos. Para el efecto, deberá acompañar una declaración juramentada de que no se le ha notificado la resolución de su petición en el término legal contemplado y presentará el original de la petición presentada ante la Administración con su respectiva fe de recepción o presentación.

En la práctica, refiriéndonos al procedimiento administrativo general de los organismos que conforman el sector público, existen dos formas de reconocimiento del silencio administrativo positivo, dependiendo de quién lo haya iniciado o incitado, a saber: a) De oficio; y, b) A petición de parte

En el primer supuesto, es decir, en el procedimiento administrativo que es iniciado de oficio por la Administración, ante la falta de resolución del mismo, dentro del término previsto, si y solo sí, el interesado o administrado comparece exponiendo sus pretensiones en el procedimiento administrativo, estas por efecto de la inactividad de la Administración serán totalmente estimadas, es decir, le serán reconocidas y aceptadas por la Administración a través del Acto Administrativo Presunto positivo que hemos señalado anteriormente. Hecha esta precisión, respecto del procedimiento administrativo sancionador, que pudiera devenir en efectos desfavorables o de gravamen para el administrado, opera de puro derecho la CADUCIDAD del procedimiento sancionador, ante la falta de pronunciamiento o resolución por parte de la Administración. Siendo obligatorio la emisión de la resolución administrativa declarando la caducidad y ordenando el archivo del procedimiento administrativo sancionador (Art. 208 COA).

En el segundo supuesto, es decir, en el procedimiento administrativo que es iniciado a petición de la persona interesada o administrado, iniciado para la obtención de autorizaciones administrativas, de precluir el plazo para la conclusión del procedimiento y no exista el pronunciamiento o resolución del mismo, esta se entiende aceptada por parte de la Administración, la cual está dada por el Acto Administrativo Presunto positivo que hemos venido señalando. A contrario sentido, sobre este particular, téngase en cuenta que en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, se prevé que el plazo máximo para notificar la resolución sobre la petición de aprobación de los instrumentos técnicos de unidad urbanística no puede exceder de seis meses. “La falta de notificación de la resolución dentro de este plazo generará los efectos del silencio administrativo negativo, sin perjuicio de las sanciones al servidor público responsable”.

En cualquier caso, la emisión de la resolución expresa por parte de la Administración Pública, posterior a la producción del Acto Administrativo Presunto que configura el silencio administrativo positivo, únicamente se podrá emitir en el caso de que se confirme o se ratifique el reconocimiento del silencio administrativo.

Para concluir, es pertinente mencionar que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen dos tipos de reconocimiento del silencio administrativo, el positivo que lo hemos tratado a detalle en líneas anteriores y un negativo, que como su nombre lo indica, lleva implícito el no reconocimiento de lo solicitado por los interesados en el procedimiento administrativo ante la inactividad de la Administración en la resolución del procedimiento administrativo dentro del término previsto.

Un ejemplo de la vigencia del silencio administrativo negativo, lo encontramos también en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el que se prevé que: “Las resoluciones de la Contraloría General del Estado, sobre impugnación de responsabilidades civiles culposas y sobre reconsideraciones de órdenes de reintegro, se someterán a los plazos previstos en esta Ley. Su falta de expedición causará el efecto de denegación tácita y el interesado podrá ejercitar las acciones previstas en la ley; sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al respectivo servidor por incumplimiento de plazos…”.

De lo expuesto, se colige que la denegación tácita se constituye en un silencio administrativo negativo para el administrado en el evento de que la Administración, en el presente caso, no se pronuncie respecto de las impugnaciones a las responsabilidades civiles culposas y órdenes de reintegro propuestas por los interesados en los procedimientos administrativos.

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio Supertropicana, 105.9 FM, en el Centro del País – @SuperTropicana

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