EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA ASAMBLEA NACIONAL: ENTRE LA REALIDAD Y LA UTOPÍA

Semanas atrás, se hicieron públicas denuncias de actos vergonzosos en contra de asambleístas de la Función Legislativa, presuntamente por haber realizado cobros indebidos por el otorgamiento de cargos en la legislatura; y, por una eventual visita a una persona privada de la libertad, testigo protegido, en un proceso penal insigne en el que se encuentra vinculado un ex presidente de la República del Ecuador.

Hechos que sin lugar a dudas, nos llevan a concluir que nos encontramos en un estado de decadencia respecto de lo que implica la verdadera esencia de la función pública y sus reales fines y objetivos que persiguen.

La Constitución de la República, en su artículo 1, establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, el cual se sustenta, entre otros, bajo principios fundamentales, como la vigencia del Principio Democrático, cuya soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, el cual es ejercido a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Carta Magna.

Una de las formas de representación política en el Ecuador está dada por la elección de los candidatos de partidos o movimientos políticos para ocupar los curules de la Asamblea Nacional, la cual conforma la Función legislativa, una de las cinco funciones o poderes en los que se organiza e integra el Estado ecuatoriano.

En ese sentido, se concluye que los ecuatorianos gozamos del derecho constitucional de elegir y ser elegidos (Art. 61.1 CRE), particularmente la posibilidad de ser candidatos de elección popular a los cargos de los diferentes niveles de gobierno.

Por nuestra parte, creemos conveniente esbozar, entre varias de sus atribuciones, dos primordiales, que la Asamblea Nacional debe ejecutar en el ejercicio de sus competencias. La primera, el deber de legislar, compelido a “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”; y, la segunda, la atribución de fiscalizar “…los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social, y los otros órganos del poder público…” (Art. 120 CRE).

En tal medida, los asambleístas, al ejercer funciones públicas, tienen responsabilidad política ante la sociedad, respecto de sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos y tienen la obligación de responder a sus mandates, es decir, al pueblo que los eligió por vía democrática (Art. 162 LOFL).

Por ende el incumplimiento o quebrantamiento de sus funciones debidamente enmarcadas en la Constitución y la Ley, deviene en la configuración de responsabilidad política y administrativa, que debe ser sancionada, sin perjuicio de que sus actos puedan recaer en responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Llama la atención, que en determinados casos se pretenda omitir los procedimientos sancionatorios disciplinarios administrativos en contra de asambleístas de la República. Sin perjuicio de que presuntamente algunos de eso actos estén reñidos con la ley penal y deban ser sancionados por delitos como por ejemplo, el de concusión, que implica que el servidor público abusando de su cargo exija sueldos, cuotas o contribuciones no debidas, lo cual implica una pena de privación de la libertad personal de tres a cinco años. Si bien es cierto que esta sanción penal resulta más gravosa para el inculpado, se ha dejado en un segundo plano la sanción disciplinaria administrativa, que no llega a ese nivel de aflicción en el implicado.

Más allá de la prelación entre infracciones penales y sanciones administrativas, debe dejarse en claro, que nuestro ordenamiento jurídico, establece la debida compatibilidad de aplicación de las mismas, en tanto la Ley mediante la cual se pretenda sancionar estas conductas, contenga la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza (Art. 76.7 CRE).

Por su parte, el texto constitucional, en su artículo 127, prevé las prohibiciones a las cuales están sujetos los asambleístas en el ejercicio de su cargo, entre otras, encontramos, la prohibición de: “Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo…”, así como la prohibición de: “Gestionar nombramientos de cargos públicos”. Cuya consecuencia, ante el incumplimiento de alguna de las referidas prohibiciones implica la pérdida de su calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley, lo cual guarda concordancia con el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Por lo tanto, se concluye que la pérdida del curul de asambleísta de la República, por efecto de incurrir en las prohibiciones que la Constitución y la ley ordenan, está sujeta a un debido procedimiento administrativo disciplinario sancionador, independientemente de las consecuencias jurídicas de índole penal que pudieran devenir por el cometimiento de aquellas prohibiciones.

No obstante, la condición de asambleísta no implica que este sea considerado como un servidor administrativo de la legislatura, a quien se le pueda seguir un sumario administrativo contemplado en la Ley Orgánica del Servicio Público por eventuales faltas disciplinarias, en razón de que en su condición de asambleísta se constituye en un representante del pueblo sujeto como lo mencionamos a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ende sujeto a un procedimiento administrativo sancionador diferente.

Para el efecto, es decir para la imposición de una sanción disciplinaria a los asambleístas, el procedimiento a seguirse se encuentra previsto en el artículo 164 de la ley de la legislatura, cuyo trámite de sus sanciones exige como actuación previa que uno o varios asambleístas presenten una denuncia juramentada, debidamente motivada, dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional, para que este a su vez la ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, para su calificación en un plazo máximo de cinco días de presentada.

De ser calificada la denuncia, el Pleno de la Asamblea Nacional, está en la obligación de conformar un Comisión Multipartidista de investigación, con un máximo de tres asambleístas, la cual debe emitir un informe al Pleno en el plazo máximo de diez días. La comisión invocada está en la obligación de garantizar el derecho a la defensa del asambleísta investigado, para la cual deberá disponer la práctica de todas las diligencias pertinentes atinentes al caso que se solicitaren, pudiendo actuar de oficio, como por ejemplo solicitar la comparecencia al procedimiento de denunciante y denunciado, testigos, o terceros que pudiere aportar con pruebas de cargo y de descargo para llegar a la verdad material de los hechos denunciados. Lo propio, esta comisión al actuar como lo que podríamos llamar -jueces administrativos- están en la obligación de ejercer sus actos con debida probidad ajenos a intereses partidistas ni afectos ni desafectos.

Como una etapa previa luego de la presentación del Informe de la Comisión Multipartidista, el asambleísta investigado, obligatoriamente debe ser escuchado por el Pleno de la Asamblea Nacional antes de que se tome votación.

Huelga mencionar que para la pérdida de la condición de asambleísta por el cometimiento de las prohibiciones en el ejercicio de su cargo debe contarse con al menos 70 votos de los 137 asambleístas que integran el parlamento nacional. En este punto, objetivamente, debe mencionarse que la norma de la legislatura no prevé un recurso administrativo de alzada, que permita la apelación o revisión de la resolución sancionatoria en contra de los asambleístas investigados, quedando en firme el acto administrativo sancionatorio, lo cual creemos vulnera su derecho a la defensa. No obstante, que queda abierta la vía de impugnación judicial correspondiente.

Finalmente, a manera de corolario, hemos de señalar que los asambleístas o diputados, obligatoriamente en el ejercicio de sus cargos deben estar sujetos a una Disciplina parlamentaria como buen gobierno, es decir, sus acciones y conductas, deben ser alineadas a la expresión de la pluralidad política del pueblo y el respeto a sus contenidos programáticos basados en sus concepciones filosóficas, políticas o, ideológicas. Y jamás reñidos con la moral y la ética. Por lo que se puede concluir que un accionar contrario, que va en desmedro del encargo del pueblo de actuar como su representante en la Legislatura, debe ser sancionado imparcialmente, con la imposición de la sanción administrativa correspondiente y en la misma vía la consecución de las acciones penales en su contra en caso del cometimiento de delitos de haberlos.

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país.

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