LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: EL ANHELO DE LA JUSTICIA

Aristóteles siglos atrás en su libro “El Arte de la Política”, sostenía que únicamente los mejores hombres deben ser quienes gobiernen la ciudad o el Estado, lo cual implica que únicamente quienes ejercían la posibilidad de administrar justicia eran dignos de hacerse llamar ciudadanos. Erradamente en su referencia excluía de esta actividad a las mujeres y a los extranjeros.

Estamos convencidos plenamente de que sean los mejores hombres y mujeres quienes tengan a su cargo la gran responsabilidad de administrar justicia en el Ecuador. 

Desde esa óptica creemos que es una decisión acertada el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio, haya ampliado el plazo para la ratificación o modulación de las ternas presentadas por la Función Ejecutiva, la Función Legislativa y la Función Judicial, a través de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública (Art. 179 CRE) para la selección de los miembros que integrarán el Consejo de la Judicatura, ante las múltiples objeciones que se han realizado a los integrantes de las ternas remitidas.

Los perfiles de los eventuales candidatos al Consejo de la Judicatura a más de las condiciones profesionales que el cargo obliga a cumplir, fundamentalmente deben estar dotados de probidad notoria e idoneidad comprobada. Sin duda un concepto jurídico indeterminado que el texto constitucional ha contemplado, el cual implica que la trayectoria profesional de los candidatos debió ser intachable y su conducta irreprochable, es decir, bajo la práctica de los preceptos éticos y morales, hoy por hoy escasos. 

Por lo tanto, la nominación de los candidatos debe ser ajena a pactos políticos, que garantice por un lado la separación de poderes y por otro la independencia de sus actuaciones. Tanto más que, los futuros miembros que integrarán el Consejo de la Judicatura, están en la obligación de garantizar el respeto a los principios de independencia interna y externa que debe regir en la actividad judicial, en línea de que serán los encargados, por mandato constitucional, de dirigir los procesos de selección de los jueces de la República y disciplinar o sancionar sus actuaciones (Art. 181 CRE).

No está por demás recordar que en el despacho de las causas por parte de los jueces y tribunales de la República se ha identificado que la independencia judicial ecuatoriana se ha visto manchada por injerencias que han desnaturalizado su verdadera esencia, la cual debe enmarcarse en la vigencia de una administración de justicia imparcial.

Por su parte, las autoridades nacionales encargadas de la remisión de las ternas, tienen el compromiso moral de integrarlas con los mejores perfiles, los tres candidatos a presentarse por cada una de las cinco instituciones del Estado, deben tener igualdad de condiciones y méritos y no simplemente pasar a formar parte de la lista de relleno para beneficiar a un solo candidato de la terna, lo cual parece ser se ha dado en esta primera instancia de entrega de ternas. Una eventual opción podría ser que los colegios de abogados y universidades sugieran nombres para la integración de las ternas a las autoridades nacionales.

Hemos sido testigos de la grave crisis de valores de nuestros gobernantes, algunos de ellos purgando penas por el cometimiento de delitos en contra de la administración pública por las prácticas desleales y corruptas en el ejercicio de sus cargos, lo que nos ha llevado a que impere la desconfianza ciudadana en el buen gobierno y con ello la ruina de la institucionalidad democrática ante su falta de credibilidad. 

Recordemos que un deber primordial del Estado es el “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir una sociedad democrática y libre de corrupción” (Art. 3.8 CRE).

Por ello, la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes está sujeta a principios en el ejercicio de sus atribuciones, como el previsto en el numeral 1 del artículo 168 de la Constitución de la República, en el que se expresa que los órganos de la función judicial gozarán de  independencia judicial interna y externa en tanto que, la consecuencia de su violación conllevará a la configuración de responsabilidades administrativas, civiles y penales de acuerdo con la ley.

Por su parte, la normativa internacional que garantiza el efectivo goce de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8), prevén que todas las personas tienen el derecho a ser oídas por un tribunal competente independiente e imparcial, cuestión que no debe ser vista como letra muerta sino que debe ser aplicada a raja tabla por los jueces. 

La norma legal prevista en el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, es tajante, al señalar que el Consejo de la Judicatura NO “…se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales y defensores públicos”, lo cual quiere decir que en todo momento lo que debe primar es la Justicia, concebida en el hecho de entregar a cada quien lo suyo conforme le corresponde en aplicación de la ley. 

No es menos cierto que la independencia judicial resulta incómoda para muchos, a manera de ejemplo: los gobiernos de turno, los ex gobernantes, las élites económicas, la banca, el Estado, la ciudadanía en general, entre otros. Lo dicho partiendo del hecho de que en un litigio siempre habrá un vencedor y un vencido. Lo cual es natural que en el vencido se irradie su desazón por haber una sentencia adversa a sus intereses. Más aún cuando esta limita su libertad personal con la aplicación de una pena de prisión.   

Dar a cada quien según le corresponde no es una actividad que deber ser ejecutada con cálculos de ninguna índole. La actividad de Administrar Justicia es una verdadera vocación de servicio,  de un verdadero amor a su profesión, amor a su alta investidura, de convencerse de que a través de la institucionalidad democrática se pueden reconocer los derechos de los más débiles o desfavorecidos y en justicia también reconocer los derechos de las mayorías o las élites. El ser juez no es una actividad fácil, requiere de constante preparación académica y voluntad de servicio. 

El juez debe estar sujeto a los cambios que la sociedad exige en la aplicación de la norma, un Derecho Vivo y no estático, que entienda las nuevas interacciones sociales y adecue la aplicación de la norma a estos hechos en forma imparcial y expedita. 

Un juez que actúe con real independencia será la piedra en el zapato de los poderosos. A ello es lo que debe propender la actividad judicial.

Hay que dejar atrás y olvidar las prácticas mal sanas, como: “la coima”, “el favor con favor se paga”, “los diezmos”, el “arreglemos”, “el cuánto hay” y demás alocuciones vergonzosas. 

No nos encontramos ante solo una crisis de la justicia como institución jurídica, es una crisis que inmiscuye a los profesionales del derecho y a la sociedad misma; a todos sus usuarios. No obstante reconocer que también existen jueces probos e imparciales qué hacen de la justicia una práctica diaria.

En definitiva, la justicia no debe ser a fin a la política, la justicia no puede ligarse a ningún gobierno de turno, la aceptación de la independencia judicial no es una opción de los jueces es una obligación y un deber moral y ético que deben acatarlo. 

En tal medida, resuelta imperioso que el Consejo de la Judicatura a designarse, tenga total independencia de la política en sus actuaciones, por ello la imperiosa necesidad de que las ternas a presentarse por las autoridades nacionales sean el producto de una nominación que guarde coherencia con el fin que persigue el Consejo de la Judicatura: una administración transparente e imparcial de la Función Judicial, sin intromisiones ni persecuciones en la carrera judicial; particularmente a los jueces por la expedición de sus sentencias, en las que objetivamente debe primar el respeto a los derechos humanos por parte del Estado y la aplicación del Principio de Debida Diligencia en los proceso de la administración de justicia. 

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país – 21oct18

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8 comentarios sobre “LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: EL ANHELO DE LA JUSTICIA

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  1. Excelente análisis de la situación moral, legal y jurídica que estamos viviendo en la actualidad por eso las buenas costumbres deben salir a flote y empezar a marcar la trascendencia o el camino que debemos seguir. Felicitandote Mi estimado Doctor por tan brillante análisis.

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