DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR VIOLACIÓN

Según la Revista Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, desde el 2013 hasta noviembre de 2017, en Ecuador, se procesaron 243 casos por aborto.

Reciente publicación en el Diario El Comercio nos permite concluir que desde diciembre de 2017 hasta enero de 2018, se incrementaron 83 casos de criminalización por aborto, llegando a un total de 326 casos de judicialización de mujeres por tal delito en el Ecuador a esa fecha.

La criminalización se recrudeció desde la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, en el año 2014, que penalizó el aborto, recayendo la obligación de denuncia en los médicos que atienden tales emergencias o ante una presunción de su cometimiento.

El ejercicio de denuncia queda en la subjetividad del criterio médico que en la mayoría de casos se da por prevenir eventuales responsabilidades que podrían generarse por su inacción en no denunciar tales hechos y más no por qué se pretenda perseguir el presunto ilícito.

En ese contexto, resulta loable reconocer, la expedición del borrador de informe para primer debate de la Comisión Especializada de Justicia de la Asamblea Nacional respecto del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, mediante el cual se pretende reformar su artículo 150, incorporando en la figura del aborto no sancionable los casos de violación, estupro o inseminación no consentida y no únicamente en la actual causal de violación a mujer que padezca de discapacidad mental.

La referida temática, días atrás, su debate ha contado con el aporte de académicos y expertos en derechos humanos, lo cual ha hecho que el discurso sea de alto nivel, pero sobre todo realista y práctico. La discusión debe llevarse más allá de posturas religiosas o moralistas; con objetividad. La promulgación de la Ley en todo ámbito debe incentivar fundamentalmente la separación entre religión y Estado.

En el presente caso NO está de por medio la eterna discusión que el aborto ha suscitado respecto de qué la vida comience con la concepción en la unión del óvulo con el espermatozoide. El discurso consideramos debe acogerse bajo la perspectiva de que para los fines de la ley la protección del ser humano comienza con el nacimiento de la persona, con la vida, que se encuentra garantizada en el texto constitucional. Nótese que el invocado artículo 150 del COIP en su numeral 1 protege a la madre permitiendo la práctica del aborto para evitar un peligro para su VIDA o la SALUD de la mujer embarazada.

Según estadísticas publicadas por el INEC para el 2017, el Ecuador registró 2.247 embarazos de niñas menores de 14 años. El dato nos lleva a concluir que se cometieron 2.247 violaciones que deberían ser sancionadas con penas privativas de la libertad de entre 19 y 22 años conforme a lo previsto en el artículo 171 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de violación.

El injusto penal –la violación– establece que las niñas menores de 14 años jamás estarán en consentimiento de embarazarse y por lo tanto la conducta del agresor debe ser penalmente reprochable y en consecuencia es el Estado el llamado a garantizar su protección y prevención.

La falta de frontalidad y prudencia para hablar con los ñiños y adolescentes, respecto al rol de la sexualidad en la vida humana, es una tarea de todos, que debe darse principalmente desde el seno familiar y seguidamente en la etapa educativa a cargo del Estado con el fin de no tergiversar sus Derechos Sexuales y Reproductivos.

Cuantos de nosotros jamás recibimos algún tipo de educación sexual, la vergüenza y la antipatía evitaron llamar a las cosas por su nombre. Nuestros padres y maestros evitaron hablarnos de sexualidad y erradamente recurrimos al amigo, a la amiga, a la desinformación en su esplendor. A explorar nuevas vivencias sin contemplar las consecuencias que de ello devendrían. El fanatismo, la moralidad mal enfocada y el temor al que dirán nos van inmiscuyendo en falsas creencias y erradas decisiones.

Hemos llegado ha imponer en la mente de nuestros niños en un acto de evadir la realidad, que la cigüeña es quien trae la vida y no la sexualidad con responsabilidad. Tenemos la obligación de llamar a las cosas por su nombre; no es un problema de ahora, es una realidad que impera y seguirá latente y que tenemos la obligación de enderezar a través del diálogo y la generación de confianza.

Coincidimos en el hecho de que el aborto sin causa razonable no puede ser tomado como una alternativa a la anticoncepción. Seguros estamos que la mejor anticoncepción es la educación sexual. Una prematura vida sexual acarreara en consecuencias adversas. Por ejemplo: El no contar con los medios necesarios para la subsistencia devendría en la decadencia de la Familia. Un hijo implica responsabilidades pero sobretodo es obligación de sus padres el darles una vida digna, tener la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas como: alimentación, salud y educación.

El aborto es un tema que requiere de discusión y análisis profundo. Más aún en tanto existen de por medio grandes contradicciones entre la lucha de parejas por concebir un hijo versus parejas que sin consentirlo tienen que concebirlos.

El aborto sin más o absoluto está prohibo por instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres y de las niñas. Las estadísticas demuestran que los abortos por violación de mujeres se da más en estratos de familias pobres.

Una particularidad, radica en que familias acomodas pueden acceder a servicios médicos privados que manejan la emergencia obstétrica con cierto sigilo o reserva en tanto que la familia pobre que acude al sistema público es inmediatamente puesta a órdenes de la autoridad ante la eventual flagrancia del delito de aborto.

Realidades que nos llevan a sostener que es necesario reformar el actual delito de aborto no punible considerado al delito de violación sin la distinción de la condición de discapacidad que la vigente norma contiene, en una suerte de garantizar el derecho a cuántos hijos tener de las mujeres  que han sido víctimas de violación.

Con la corriente en vigencia del desarrollo de los derechos, conocida jurídicamente como la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos, y concediendo el mérito a la participación ciudadana que está aportando objetivamente en la discusión, creemos es justificable y procedente la reforma planteada al COIP dado que puede darse paso a una futura práctica del aborto seguro soslayando su práctica clandestina en una verdadera decisión de salud pública que erradicaría la criminalización desproporcionada del aborto.

Finalmente, consideramos debe recogerse las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos que sugieren y exhortan al Estado ecuatoriano a que no solo se permita el aborto en condiciones del delito de violación sino que, inclusive, este sea permitido y no castigado en los casos de incesto y graves malformaciones del feto en los embarazos no deseados.

Sin duda que para ello debemos romper los atavismos que nos obnubilan como sociedad libre y democrática como un Estado Laico.

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país – 04nov18

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2 comentarios sobre “DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR VIOLACIÓN

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  1. No hay ética en lo que menciona. No hay un castigo al violador sino a la víctima. Pasarse por entre las piernas que desde la concepción es un ser humano, es ignorar a conveniencia conceptos científicos básicos. Ningún experto en derechos humanos ha hablado en la Asamblea acerca de este tema, solamente un falso sacerdote representante de una agrupación filial de la IPPF (evidencio una vez más lo mediocre de su investigación y criterio). Tampoco se ha brindado una oportunidad a profesionales que defienden la vida desde la concepción desde bases jurídicas y científicas. Solamente tinterillos contratados por las transnacionales del aborto para “opinar” a su favor, que sabe pro cuánto dinero.

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    1. Precisamente para ello es este espacio, respetable su posición independientemente de que la comparta o no el aforo; con altura, prudencia y sobretodo con respeto. El 24Oct18 se recibió en la Comisión de Justicia a expertos en DDHH (académicos) no tinterillos para discutir sobre el tema. Sin duda el tema es álgido y delicado. De ahí que lo valido sea el aportar!

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