PROFORMA PRESUPUESTARIA Y DERECHOS HUMANOS

La semana pasada el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, remitió a la Asamblea Nacional su propuesta de Proforma Presupuestaria para el año 2019, a fin de que esta sea aprobada por el Pleno previa su discusión en la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura. 

Entre otros puntos, analistas económicos sostienen que es una equivocación garrafal el hecho de que se haya considerado un precio demasiado alto por barril de petróleo para la elaboración de la propuesta de proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo. Se ha señalado, que es como considerar dentro de un presupuesto familiar un ingreso futuro e incierto que podría darse por un eventual ascenso de un padre de familia.

Proyectándonos en el ejemplo que hemos expuesto, un despido del jefe del hogar de su trabajo, desnaturalizaría a todas luces el presupuesto familiar proyectado. Por lo tanto, podemos concluir que la preparación de un presupuesto debe tener bases sólidas y reales para no tener contratiempos futuros; evidenciándose desde ya un probable déficit presupuestario en la propuesta del Gobierno.

En ese sentido, ratificaremos que, en línea del presupuesto casero invocado, es razonable, el NO considerar ingresos de los cuales no tenemos la seguridad que los vamos a percibir a efecto de construir un presupuesto familiar real.

Más allá de las cifras, llama mucho la atención, de manera particular, que para la universidad ecuatoriana se haya realizado una disminución significativa de sus recursos en un rubro aproximado de 10 % con relación a su presupuesto actual, estamos hablando de más-menos $145 millones de dólares en su presupuesto para el 2019. Sin duda que esta reducción afectaría de manera perjudicial al sostenimiento de la universidad pública ecuatoriana e impediría un desarrollo en su institucionalidad la cual debe alinearse a los principios  de progresividad y no regresividad como garantía del derecho de acceso a la educación superior. 

Tanto más que, actualmente se han propuesto proyectos en el camino como el incremento de cupos para el ingreso a la universidad de los bachilleres bajo modalidad virtual que requiere de recursos permanentes para su ejecución e innovación, fundamentalmente para acatar el deber constitucional del Estado, que establece el derecho a la gratuidad en el acceso a la educación universitaria pública que debe ser plausible. 

Así las cosas, huelga rescatar, en esta oportunidad, la voz de los estudiantes universitarios y sus rectores que exigió la rectificación del ejecutivo respecto de las cifras propuestas. Es loable reconocer que después de varios años de silencio, se volviese a escuchar en las calles ecuatorianas la voz universitaria elevando su protesta pública, sobretodo con altura, respeto y prudencia, lo cual refleja con justicia el sentir ciudadano en el ámbito de una protesta pacífica que marcó la diferencia con antiguas prácticas protervas inmersas en el anarquismo y la violencia execrable. 

En hora buena sus peticiones hicieron eco en las autoridades de turno, quienes han comprometido su palabra para que se restituya, al menos por ahora, las cifras que rigen para el presupuesto 2018 a fin de que se mantengan en la nueva proforma para el 2019, restableciéndose con ello la defensa a viva voz de la autonomía financiera y administrativa que debe regir en la universidad pública ecuatoriana.

En ese contexto, otra vulneración aparte encontramos en el recorte presupuestario presentado en la educación pública que atañe a escuelas y colegios públicos, en un aproximado de $419 millones de dólares, incumpliendo con ello la obligación de que la proforma contenga un enfoque de progresividad en la defensa y garantía de los derechos humanos de los niños y adolescentes de nuestra patria, considerando que actualmente existen proyectos cómo el denominado “Más unidos, más protegidos” direccionado a erradicar la violencia sexual y abusos identificados en contra de la comunidad escolar por parte de maestros inescrupulosos carentes de toda vocación de servicio y moralidad. Recordemos que la norma constitucional ecuatoriana expresamente en su disposición transitoria decimoctava prevé lo siguiente: “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto”; mandato que desatiende el proyecto de proforma presupuestaria presentada por el ejecutivo por ende vulnera el respeto a los derechos humanos y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia vigente. 

Más sin embargo, deberá procurarse que los recursos asignados a la educación, sean gastados eficientemente por las instituciones educativas a fin de que estos en el futuro no sean recortados. Recurso no devengados evidencian irresponsabilidad, falta de planificación y compromiso en el cumplimiento de los objetivos que persigue la educación. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no todas las personas nos encontramos en igualdad de oportunidades, como por ejemplo el acceso a un empleo, por ello la imperiosa necesidad de que la educación pública en todos sus niveles sea gratuita, de libre acceso y en doble vía, la obligación de que sus estudiantes tengan la responsabilidad ciudadana de aprovecharla y exigir que esta sea de alto nivel bajo parámetros de excelencia académica y de infraestructura idónea pues nos encontramos frente a un derecho legítimo que debe ser garantizado como una prerrogativa fundamental de los seres humanos. No es un reto, es una obligación que debe cumplirse porqué la supremacía constitucional así lo exige. 

No obstante, creemos que la próxima semana la discusión de la proforma presupuestaria 2019 en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se ha anunciado desde ya que los bloques legislativos votarán en contra de la propuesta remitida por el Ejecutivo, generará una desestabilización política del Presidente de la República, pues pese a los compromisos que sean suscrito, esta eventualmente será aprobada por el ministerio de la ley y no con la venia del Poder Legislativo conforme lo prevé los postulados del Derecho Constitucional Financiero Público, ante el incumplimiento de los estándares internacionales de progresividad en la defensa de los derechos humanos. 

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país – 25nov18

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