EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo es el símil de la institución conocida como OMBUDSMAN, término que fue acuñado por el jurista sueco Hans Harta, cuyo origen data del siglo XVIII en Suecia – Estocolmo.

Su función primordial en aquella época fue la de poner un alto a las arbitrariedades de la Monarquía con el fin de vigilar a los funcionarios públicos y exigir el debido cumplimiento de sus obligaciones o el exceso de las mismas y ante sus eventuales transgresiones, ésta entidad era la encargada de llevarlos ante las justicia para que sean sancionados. Vale mencionar que en su primigenia concepción el Ombudsman o Defensoría del Pueblo no fue creada con la idea de defensa de los derechos del individuo como hoy por hoy se le concibe a esta institución.

La Defensoría del Pueblo en el Ecuador inició su ejercicio en 1996 y con la reforma constitucional se la insertó en la institucionalidad democrática con la Constitución Política de la República de 1998, es la Institución Nacional de Derechos Humanos en el país creada hace 22 años aproximadamente, mediante Ley de 20 de febrero de 1997 publicada en el Registro Oficial No. 07 de la misma fecha.

De conformidad a lo previsto en el artículo 215 de la vigente Constitución de la República, la Defensoría del Pueblo, es la entidad encargada de la protección y tutela de los derechos humanos de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador y de los ecuatorianos residentes en el extranjero, que entre sus atribuciones fundamentales tiene: a) Patrocinio de acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados; b) Emisión de medidas de cumplimiento obligatorio para protección de derechos; c) Resolución de acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos; y, d) Vigilancia del debido proceso e impedir la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante.

En estos casi 22 años de existencia, la Defensoría del Pueblo, no ha tenido cambios sustanciales en su estructura competencial, la única que pudo viabilizarse se realizó hace seis años, es decir, a los 16 años de su vigencia institucional, con la expedición de la Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 796 de 25 de septiembre de 2012, que mediante disposición reformatoria, agregó a continuación del artículo 24 de la vigente Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, las siguientes disposiciones: 1. Ordenar medidas de protección para evitar o cesar la vulneración de derechos constitucionales de personas y grupos de atención prioritaria como: a) acciones de apoyo al núcleo familiar; b) órdenes de cuidado de la persona afectada; c) reinserción familiar de la persona afectada a su familia; d) órdenes de reinserción a programas de protección de la persona afectada; e) alejamiento temporal de personas que han amenazado o violado un derecho o garantía, del lugar en que convive con la persona con discapacidad; f) custodia de emergencia de la persona con discapacidad; g) reinserción laboral inmediata de hasta tres meses por separación injustificada del trabajo de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y, 2. Sancionar tanto al sector público como al privado en caso de incumplimiento de las medidas de protección dictadas por el defensor del pueblo con multas que van de 1 a 15 salarios básicos unificados del trabajador privado y/o clausura de hasta 30 días de los establecimientos o locales.

Sin duda atribuciones que de alguna manera ampliaron el espectro de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de aquellas que pertenecen los grupos de atención prioritaria y que han evidenciado un progreso en la tutela de sus derechos. Sin embargo, estas medidas de protección en ocasiones resulta infructuosa dado que la norma legal invocada establece que concomitante con la orden de medida de protección debe de manera obligatoria, en forma simultánea, plantearse las correspondientes acciones administrativas y/o judiciales ante los órganos competentes para sancionar los hechos denunciados; cuestión que no ha llegado a cumplir el objetivo sancionatorio que persigue la normativa en contra de las personas naturales o jurídicas que han vulnerado los derechos de las personas afectadas.

En ese contexto, podemos mencionar que la ley orgánica que regula actualmente a la Defensoría del Pueblo, se encuentra alejada de los preceptos contenidos en la vigente Constitución de la República del Ecuador desde 2008, con ya 10 años de vigencia, por ende distante de las competencias constitucionales previstas en el artículo 215 de la Carta Magna, alegándose de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, pues como hemos mencionado la ley orgánica se encuentra caduca pues data de 1997 y continúa vigente.

En ese orden de ideas, es loable destacar que el pasado 05 de diciembre de 2018, en un sensato ejercicio democrático, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el cual será remitido al Presidente de la República, para su aprobación o veto.

Importante mencionar que este proyecto de ley se alinea a los Principios de Paris, que rigen el accionar de las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo para su correcto funcionamiento el cual fundamentalmente debe alinearse a la supervisión de cualquiera violación de los derechos humanos en los paises y su protección y tutela. El proyecto de ley enunciado ha sido construido con el aporte esencial de la sociedad civil, es decir, con intervención de organizaciones no gubernamentales, conocedoras de la real vulneración de los derechos humanos en el Ecuador, así como de la Defensoría del Pueblo, academia, organizaciones internacionales de derechos humanos y un importante apoyo de los legisladores.

En ese sentido, debe rescatarse que los preceptos básicos que persiguen las institucionales nacionales de derechos humanos en el concierto internacional son la independencia y el pluralismo, principios que el proyecto de ley contemplan y que otorga a la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, de un liderazgo incomparable respecto de toda la institucionalidad estatal, la cual debe ser respetada y debidamente ejecutada por sus funcionarios.

Dotarla de independencia implica que esta institución debe ser única en su estructura competencial con una rendición de cuentas diferente que debe estar dirigida hacia el pueblo. Una Institución Nacional de Derechos Humanos como lo es la Defensoría del Pueblo no puede reportarse o seguir los lineamientos de tal o cual ministerio, o de algún órgano estatal que le direccione en su accionar, pues el hacerlo contravendría la naturaleza que esta institución persiguen, la cual se dirige precisamente a erradicar la vulneración de los derechos humanos cometidos por las entidades de Estado a través de sus servidores o funcionarios.

El proyecto de ley hace bien en establecer la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo como una garantía para el ejercicio de sus funciones, para autogobierno eficaz, impidiendo que ninguna institución del Estado, y cualquier otra función, interfiera en sus atribuciones, dotándole del presupuesto necesario para un adecuado desarrollo de sus facultades. Lo cual no implica derroche de recursos ni que su uso NO sea fiscalizado.

La Defensoría del Pueblo tiene que actuar y elevar su voz ante las vulneraciones de los derechos humanos, el silencio cómplice en su accionar torna a la institución en un botín político solamente que va en desmendro de su enfoque. Por ello la independencia y desconcentración es la característica principal para un accionar transparente en todos los ámbitos legales y constitucionales para los cuales se ha creado tan noble institución, la cual se constituye en el equilibrio, en el peso y contrapeso, que garantice el Estado constitucional de derechos y justicia.

Capítulo aparte, corresponde que la Defensoría del Pueblo, se alinee a un idóneo proceso de selección de promotores y defensores de derechos humanos, personal especializado en la investigación y persecución de las graves violaciones, como: la detención arbitraria, la tortura, el trato cruel inhumano o degradante, o las ejecuciones extrajudiciales, delitos de lesa humanidad, entre otros. Dejando de lado coyunturas de por medio para nombramientos o contrataciones de personal, permitiendo que profesionales calificados y capaces sean parte de la labor defensorial. Sin olvidar que el enjuiciamiento político del Defensor del Pueblo, podría activarse ante el eventual incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y Ley durante el ejercicio de su cargo y un año después de la cesación de sus funciones, inclusive.

Labor trascendental constituye una eficiente acción defensorial en los casos atinentes a la defensa del consumidor, en tanto que la tecnología ha permitido el uso de internet para compras electrónicas dentro y fuera del país, y que no han cumplido con el fin de la compra venta perseguida. Sin que el consumidor pueda exigir sus derechos como consumidor en este ámbito transaccional en línea.

Finalmente, huelga mencionar que de conformidad con el numeral 4 del artículo 134 de la Constitución de la República es facultad de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, remitir iniciativas de proyectos de ley de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y competencias en las materias que le corresponde, atribución que de ser debidamente cumplida que generaría progresividad en el desarrollo normativo en el país dismuyendo con ello la violación a los derechos humanos.

Con una nueva ley orgánica que rija los senderos de la Defensoría del Pueblo, debe dejarse de lado el centralismo que la ha secuestrando y fortalecer su institucionalidad en las provincias fundamentalmente en donde no cuentan con el personal sufiente ni los recursos económicos para atender la importante función de defensa y promoción de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo, hoy por hoy, tiene la oportunidad de recuperar la confianza ciudadana, la credibilidad y respeto tanto de la ciudadanía como de los agentes del Estado y NO estancarse como un elefante blanco más del múltiple aparato estatal ecuatoriano. De nosotros, del pueblo ecuatoriano, depende exigir el cumplimiento de sus prerrogativas.

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país – 09dic18

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