SOCIEDAD PATRIARCAL Y FEMICIDIO

La violencia machista se ha incrementado notablemente en América Latina, no siendo la excepción en nuestro país.

En lo poco que va del año nuevo, recibíamos la noticia de que en Jaramijó, provincia de Manabí, se habría perpetrado la primera muerte violenta por un presunto femicidio, cometido en contra de una mujer por parte de su esposo, quien en estado etílico intentaba agredir a uno de sus hijos, la madre, con justa razón, intentó defenderlo pero fue atacada por el marido con un cuchillo. A mala hora la mujer agonizante no pudo ser atendida oportunamente en una casa de salud y falleció. Y cómo suele suceder en la mayoría de estos casos el presunto asesino huyó y se encuentra prófugo de la justicia.

Otro caso que conmocionó a la ciudadanía, ocurrió en el mes de junio de 2018, por un marino en servicio activo, quien usó su arma de dotación y disparó en la cabeza de su cónyuge. El femicidio fue presenciado por la hija de tres años de la pareja. Desconcertante resulta, que mientras el juicio se ventilaba, el marino seguía cobrando su sueldo mientras se encontraba privado de la libertad en tanto no tenía sentencia condenatoria, lo cual desde la técnica jurídica es justa. Sin embargo, en este caso, pese a existir pruebas contundentes del cometimiento del ilícito, el proceso penal demoró en exceso, hasta que el sujeto sea sentenciado, pues el señalamiento de la audiencia de juicio se retardó más allá del plazo razonable.

Según la Red de Mujeres la Merced de Sucre, organización defensora de los derechos de las mujeres, sostiene que a nivel nacional en el año 2018 en el Ecuador se cerró con 98 casos de femicidio, de los cuales 13 se dieron en la provincia de Manabí. En tanto que en el año 2017 se registraron 114 muertes por este delito (manabinoticias.com – 02ene2019).

De tal inferencia podríamos concluir que estas muertes violentas a causa del delito de femicidio han disminuido, pero este dato bajo ningún contexto puede resultar halagador en línea de que simplemente en un mundo civilizado, aún cuando resulte utópico sostenerlo, no deberían cometerse ningún tipo de atrocidades.

“En Latinoamérica y el Caribe (LAC) 1 de cada 4 mujeres sufrió alguna experiencia violenta a manos de su pareja. La Violencia contra las Mujeres (VCM) constituye la primera causa de muerte en mujeres entre 15 y 49 años, por delante de la suma de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención de Belém do Pará, de 1994, insta a los Estados Parte a adoptar leyes y políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y a crear marcos político-institucionales favorables para su efectiva implementación. El Segundo Informe Hemisférico del MESECVI (2012) reconoce que la VCM sigue afectando la realización de sus derechos, su salud, su potencial económico, su participación en la política y su contribución a la sociedad en general” (tomado del Libro Femicidio y Suicidio de Mujeres por Razones de Género)

Los datos resultan alarmantes, dado que Ecuador pese a contar con un desarrollo normativo en contra de la violencia doméstica, a partir del año 2014, en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, parecería ser que la tendencia de cometimiento del delito de femicidio se mantiene y el cuadro para el presente año 2019 no se muestra tan alargador, pues a pocas horas del inicio de este año, ya se cometió la primera muerte violenta en contra de una mujer.

Al respecto el artículo 141 del COIP expresamente dispone lo siguiente: “Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Por su parte el artículo 142 de la norma invocada señala lo siguiente:

“Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”.

En ese contexto, podemos mencionar que seguimos inmersos en una sociedad patriarcal, en la que el machismo continúa desarrollándose con absoluta normalidad y permisividad. Todavía consideramos erradamente que el hombre es el proveedor por naturaleza y la mujer le debe obediencia y sumisión. Percepciones que hay que erradicar, romper las falsas concepciones machistas, tan enraizadas que se encuentran en el diario convivir.

Equivocadamente aún enseñamos a nuestros niños que la mujer es débil y que el hombre es el fuerte. Atavismos que no logramos desterrar por la falta de comprensión de la realidad de la vida. Hombres y mujeres estamos en igual de condiciones y derechos.

No debemos soslayar a la mujer con el mantenimiento de estructuras que perpetran la violencia doméstica. La dignidad de la mujer debe ser protegida desde todos los ámbitos, no solo desde el Estado sino desde la convivencia social y la interrelación familiar.

Una educación en valores a nuestros niños nos permitirá alejarnos de la violencia doméstica. Desde nuestros hogares está la tarea fundamental para erradicar el maltrato familiar principalmente, e irradiar el respeto a las mujeres desterrando las insinuaciones que las acosan a manera de hacernos pasar por bromistas o muy “sabidos o chéveres”.

Tenemos que pensar que las mujeres a diario temen el caminar por la calle, el tomar el taxi o el autobús ante el riesgo de ser ultrajadas por el sexo opuesto. La falta de seguridad, el irrespeto, hacen que la mujer no pueda gozar de sus derechos con libertad.

¿Cuántas mujeres siguen siendo acosadas cuando en la reunión nocturna se les acercan y contra su voluntad son manoseadas por inescrúpulosos o lo más agravante violadas y ultrajadas sin que sean respetadas?

¿Cuántas mujeres seguirán siendo intimidadas por las relaciones de poder existentes, cuando en contra de su voluntad, reciben insinuaciones no deseadas, de sus jefes, compañeros, amigos, políticos, maestros, profesores, instructores, novios o sus esposos?

O el colmo del sadismo ¿cuántas mujeres más tienen que soportar ser eyaculadas en el transporte público? Sí amigos, eyaculadas en el trasporte público. Hecho ocurrido en la ciudad de Quito en el sistema Trole Bus, en hora buena el inmoral y desalmado fue detenido y condenado.

La pregunta final que debemos hacernos es ¿Cuántas mujeres más deben soportar estos abusos y violencia execrable?

Sin duda alguna la erradicación de la discriminación contra la mujer es una tarea que nos compete a todos y que debemos emprenderla inmediatamente para eliminar la violencia contra la mujer.

Por su parte, la función judicial está en la obligación de hacer pragmático el Principio de la Debida Diligencia en el ejercicio de sus funciones a fin de que se sancione a los culpables sin distinciones y no exista más impunidad; sentando jurisprudencia.

El Estado y la sociedad civil tenemos que esparcir la cultura de respeto a la igualdad de género a fin de prevenir la violencia sistémica en contra de la mujer y su desenlace con el delito de femicidio mediante la implementación de programas de capacitación y concientización a la familia respecto de la No violencia contra la mujer ni su discriminación por el hecho de ser mujeres.

Recordar la obligación estatal de atender de manera integral a las víctimas y sus dependientes, con el resarcimiento y reparación del daño causado, atendiendo los preceptos contenidos en instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos como la Convención de Belem Do Para, estableciendo protocolos eficientes y eficaces de investigación de la violencia contra la mujer y el delito de femicidio.

Finalmente, desde la óptica siempre humanista, el deber de todos de adquirir una conciencia individual y colectiva para enfrentar este fenómeno social que solo puede erradicarse a través de la práctica de la prevención, la solidaridad y La Paz.

Las mujeres deben tener una vida libre de violencia con igualdad de derechos y oportunidades, es lo que se exige y a ello estamos abocados todos.

Artículo presentado en el espacio de análisis del #InformativoCandela de Radio @SuperTropicana, 105.9 FM, en el centro del país – 06ene19

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